La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se enfrenta a un nuevo conflicto laboral tras el rechazo del Gobierno a homologar el acuerdo paritario alcanzado en junio con las cámaras empresarias. La decisión oficial, confirmada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, desató la furia del gremio liderado por Abel Furlán, que ya había aprobado un plan de lucha.
El Gobierno argumenta un "exceso" salarial
El argumento principal del Gobierno para no homologar la paritaria es que el incremento salarial acordado "supera el techo definido por el Ministerio de Economía". Sin embargo, tanto desde la UOM como desde sectores empresariales, se sospecha que existen motivos políticos más profundos detrás de esta decisión. Se habla de una estrategia para marcarle la cancha a la UOM, organización que viene denunciando un intento de “reconfiguración regresiva del modelo sindical”, con el Grupo Techint como un actor clave.
¿Qué contemplaba el acuerdo rechazado?
El acuerdo rechazado por el Gobierno incluía un aumento del 7,6% para el período abril-agosto, dividido en cinco tramos consecutivos (3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%), junto con cinco sumas fijas no remunerativas de $30.000 para abril y $25.000 en los meses siguientes. La UOM había llegado a este acuerdo tras duras negociaciones que incluyeron medidas de fuerza y denuncias por "destrato patronal".
La UOM reactiva su plan de lucha
Ante la falta de homologación y la ausencia de diálogo con el Gobierno, la UOM reactivará su plan de lucha. Inicialmente, las medidas se dirigirían a las empresas que no hayan abonado la mejora salarial. Sin embargo, ante la escalada del conflicto, se prevé que las medidas de fuerza sean más contundentes.
Además, recientemente se conoció el despido masivo de 85 trabajadores en FAPESA, lo que agrava aún más la situación laboral y la tensión entre el gremio y el sector empresarial. Los trabajadores denuncian falta de aviso previo y una traición del gremio.
Paro con movilización el 6 de septiembre
La UOM confirmó un paro con movilización para el 6 de septiembre ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional. La situación se presenta como un nuevo desafío para el gobierno actual y un punto de inflexión en las relaciones laborales del sector metalúrgico.