La detención de la concejal de Quilmes, Eva Mieri, tras un escrache en la casa del diputado José Luis Espert, ha generado controversia y acusaciones de persecución política. Mientras que otros tres implicados fueron excarcelados, Mieri permanece detenida, lo que ha desatado fuertes críticas y llamados a su liberación.
Liberación parcial y polémica
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado liberó a Candelaria Montes Caté, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi, quienes también habían sido detenidos por el incidente en la casa de Espert. Sin embargo, la magistrada mantuvo la detención de Eva Mieri, invocando un supuesto “riesgo procesal”.
Acusaciones y cargos contra la concejal
Mieri enfrenta cargos por atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación a la persecución u odio por ideas políticas, malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado. Se la acusa de haber utilizado una camioneta del municipio de Quilmes en el escrache.
Críticas al proceso judicial
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha cuestionado la detención de Mieri, argumentando que el “aparato punitivo del Estado está volcado a perseguir una acción política”. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también exigió la liberación de la concejal y recordó cuando Javier Milei celebró acciones similares en Francia.
Traslado a prisión federal
Tras ser rechazada su excarcelación, Eva Mieri fue trasladada a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal. Existe la posibilidad de que sea trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.
La causa Vialidad y la sombra de la judicialización de la política
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.