La posibilidad de un indulto para Cristina Fernández de Kirchner tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad ha generado intensos debates. El presidente Javier Milei ha sido enfático al descartar cualquier posibilidad de indulto, reafirmando su postura de que "el que las hace, las paga". Esta declaración se produjo en un adelanto de una entrevista en LN+, donde Milei subrayó su respeto por la independencia judicial y su falta de intención de intervenir en el proceso.
“Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente… Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, comentó Milei, dejando claro que un indulto contradiría sus principios y su visión sobre el rol de la justicia.
La semana pasada, la Corte Suprema ratificó la condena contra Cristina Kirchner, lo que llevó a la Justicia a establecer criterios para su prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Federal 2 determinó que Kirchner podrá salir al balcón de su domicilio, aunque con restricciones para evitar contacto con la vía pública o realizar manifestaciones. También se restringieron las visitas y el uso de medios de comunicación.
En este contexto, la diputada del PRO, Silvana Giudici, ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de excluir del beneficio del indulto a los condenados por delitos de corrupción. Este proyecto busca modificar la ley 27.156, que detalla quiénes no pueden ser objeto de la absolución, endureciendo las condiciones para evitar que funcionarios condenados por corrupción puedan ser indultados en el futuro.
Esta iniciativa legislativa se suma al debate público sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial. Entre los puntos cuestionados se encuentran la falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores), acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática) y la exposición mediática parcial y anticipada del caso.