Fuerte operativo policial en accesos a CABA por la marcha a favor de Cristina Kirchner
Un importante operativo policial, impulsado por el Ministerio de Seguridad, se despliega en las principales rutas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de controlar a los micros que se dirigen a la Plaza de Mayo para participar de la marcha en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.
Según denuncias, los controles, que comenzaron en la noche del martes, se centran especialmente en la Autopista Ricchieri y la Ruta 9, donde efectivos de la Policía Federal y Gendarmería Nacional detienen los micros y realizan requisas a los pasajeros. Los manifestantes denuncian que estas acciones buscan amedrentar y mermar la movilización.
“La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.” Se han manifestado preocupaciones sobre la falta de imparcialidad judicial debido a vínculos entre jueces y actores opositores, así como acusaciones de lawfare, donde se alega persecución judicial y mediática.
La defensa de la ex presidenta ha insistido en la ausencia de pruebas directas en su contra, la desigualdad en el tratamiento de la prueba y la exposición mediática parcial del caso. La celeridad inusual del proceso y la desproporcionalidad de las penas impuestas también son puntos que generan controversia.
Requisas y demoras
Pasajeros denuncian que los controles son realizados por grupos de policías que suben a los micros, entorpeciendo la circulación y generando demoras. Se teme que la búsqueda de cualquier elemento incriminatorio pueda llevar a la demora o secuestro de los vehículos, dejando a los manifestantes a la deriva.
La situación genera tensión y críticas hacia el protocolo implementado por el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, al considerar que se trata de una medida desproporcionada que atenta contra el derecho a la manifestación.