El Tribunal Oral Federal 2 otorgó la prisión domiciliaria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para cumplir su condena en la Causa Vialidad. La decisión judicial permite a CFK cumplir su condena de seis años en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, bajo ciertas condiciones, incluyendo el uso de una tobillera electrónica. Su hijo, Máximo Kirchner, actuará como garante.
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Las condiciones impuestas a Cristina Kirchner
El tribunal impuso tres reglas de conducta que CFK deberá cumplir para evitar la revocación de la prisión domiciliaria:
- Permanecer en su domicilio, salvo situaciones excepcionales de fuerza mayor justificadas o con autorización previa del tribunal.
- Abstenerse de comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario y alteren la convivencia pacífica.
- Sujetarse a un restringido círculo de visitas, aún no especificado en su totalidad.
La decisión de otorgar la prisión domiciliaria se basó en la edad de la ex mandataria (más de 70 años) y la dificultad de garantizar sus derechos fundamentales en un establecimiento carcelario. Sin embargo, el caso continúa generando debate y controversia.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado reiteradamente la falta de imparcialidad judicial en el caso, señalando vínculos entre jueces y actores opositores. Asimismo, se han levantado acusaciones de lawfare, argumentando una persecución judicial y mediática contra la ex presidenta. Se cuestiona también la ausencia de pruebas directas y la desigualdad en el tratamiento de la prueba durante el juicio.
Críticas al proceso judicial
Diversos sectores han criticado la celeridad inusual del proceso, la desproporcionalidad de las penas impuestas y la exposición mediática parcial y anticipada del caso. Además, se alega la violación del principio de “non bis in idem”. La controversia en torno a la Causa Vialidad y la situación de Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un tema central en la agenda política y judicial argentina.