La decisión de un comité parlamentario en Jamaica de remover al Auditor General (AG) como comisionado de la Comisión de Integridad (IC) ha desatado una fuerte controversia política. La medida, impulsada por el miembro del Parlamento Everald Warmington, argumenta que la presencia del AG en la IC viola la constitución del país.
Argumentos a favor y en contra
Warmington y otros miembros del gobierno sostienen que, dado que la IC recibe cerca de $2 mil millones anuales del Estado, debería estar sujeta a una auditoría rigurosa que solo el Departamento del AG puede realizar. Actualmente, la IC es auditada por una firma contable independiente, pero, según el gobierno, esta auditoría no es lo suficientemente exhaustiva.
Por otro lado, la oposición, liderada por el Partido Nacional del Pueblo (PNP), se opone a la remoción del AG. El presidente del PNP, Mark Golding, calificó la decisión como un ataque estratégico a la arquitectura anticorrupción de Jamaica, argumentando que el Auditor General ha sido parte de los organismos de supervisión de la integridad desde la independencia.
Acusaciones de hipocresía
El Partido Laborista de Jamaica (JLP), en el gobierno, acusó al PNP de hipocresía, alegando que en 2019 el propio partido opositor había solicitado cambios similares a la Ley de la Comisión de Integridad.
La controversia continúa generando debate en Jamaica, con implicaciones significativas para la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país. Se espera que el tema siga siendo objeto de discusión en los próximos días.