La Justicia penal ordinaria de la provincia de Buenos Aires ha abierto una causa por presuntas prácticas de manipulación psicológica y apropiación de bienes por parte de Verónica Asad, conocida en redes sociales como "Pitty, la numeróloga". Según la denuncia presentada por Pablo Salum, fundador de Red LibreMentes y activista en contra de las prácticas coercitivas y pseudocientíficas, se le acusa de despojar a personas en situación de vulnerabilidad de sus recursos económicos y bienes mediante técnicas de manipulación psicológica.
En la denuncia, Salum detalla que Asad, quien ha tenido una carrera en el ámbito del entretenimiento y la numerología, se habría involucrado en una red de prácticas que, según sus palabras, "transforman la percepción de la vida" para obtener beneficios económicos a través de la manipulación emocional. Según las investigaciones, dicha red estaría en contacto con personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en áreas como la atención médica, donde las víctimas son comúnmente afectadas por situaciones de pobreza o desplazamiento.
El caso ha generado una reacción en las redes sociales, donde tanto seguidores como críticos han señalado que el caso refleja una tendencia cada vez más frecuente en el ámbito de las prácticas no verificables en el mundo digital. Los expertos en seguridad y ética digital han destacado que el caso representa un ejemplo de cómo las prácticas no verificables pueden ser utilizadas para explotar a personas en situación de vulnerabilidad.
Es importante destacar que el caso no es nuevo en el contexto del uso de la numerología como herramienta para manipulación. En los últimos años, varios casos similares han sido investigados en diferentes partes del país, donde la numerología se ha visto involucrada en prácticas que, en algunos casos, han llevado a consecuencias graves para las víctimas.
Los responsables del caso han señalado que el objetivo principal es proteger a las víctimas y garantizar que las prácticas de manipulación no se repitan. La investigación, según información pública, se está desarrollando en el marco de la ley 24.150, que establece que cualquier acción que afecte a personas en situación de vulnerabilidad debe ser investigada por la justicia.
El caso ha generado una respuesta en redes sociales, donde tanto seguidores como críticos han señalado que el caso refleja una tendencia cada vez más frecuente en el ámbito de las prácticas no verificables en el mundo digital. Los expertos en seguridad y ética digital han destacado que el caso representa un ejemplo de cómo las prácticas no verificables pueden ser utilizadas para explotar a personas en situación de vulnerabilidad.
La investigación también ha sido objeto de comentarios en el ámbito académico, donde se ha señalado que el uso de la numerología como herramienta de manipulación debe ser abordado desde una perspectiva ética y legal. Los especialistas en ética digital han alertado sobre el riesgo de que las prácticas no verificables se conviertan en una amenaza para la seguridad y el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad.