El ministerio de Seguridad, liderado por Alejandra Monteoliva, ha intensificado sus operativos de control en las zonas fronterizas y en áreas urbanas con alta migración. Estas medidas están enmarcadas en un esfuerzo para reducir el número de personas que ingresan al país de manera ilegal. Según informes recientes, el gobierno ha implementado cambios por decreto en la ley de migraciones y en el sistema de refugio, con el objetivo de crear un marco más estricto para la regulación de migrantes.
En un contexto donde las políticas migratorias tradicionales han sido cuestionadas por su eficacia, el enfoque actual se centra en el uso de recursos humanos y tecnológicos para aumentar la presión en las zonas de entrada y salida. Esto incluye el uso de operativos callejeros de la Dirección Nacional de Migraciones, que han sido destacados por su capacidad para detener a personas que intentan cruzar fronteras en condiciones adversas.
La crítica central en este área se centra en el uso de un discurso securitario que, según el análisis de expertos, ha llevado a la criminalización de personas racializadas y otros grupos vulnerables. Esta estrategia, aunque aparentemente enfocada en la seguridad nacional, ha generado importantes conflictos en comunidades marginadas, donde los migrantes suelen ser tratados como un problema a resolver rápidamente.
Un estudio reciente de la Universidad de Buenos Aires indica que el 65% de los migrantes que llegan a las zonas fronterizas en los últimos seis meses han sido confrontados con medidas de control que, en algunos casos, han resultado en su expulsión inmediata sin proceso previo. Esto refleja una falta de transparencia en el sistema de protección y el derecho a un trato justo. Además, el aumento en el número de casos de violencia contra migrantes en zonas fronterizas ha generado preocupación sobre la efectividad de estas medidas.
Por otro lado, el gobierno ha promovido un concepto de "ICE argentino" (Inmigración, Control y Exclusión), que busca crear una institución similar al sistema de inmigración de Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la seguridad fronteriza. Sin embargo, este modelo ha sido cuestionado por su capacidad para adaptarse a las necesidades reales de las poblaciones migrantes y las dinámicas políticas internacionales.
Las críticas de organizaciones humanitarias y de derechos humanos sobre el enfoque actual son significativas. Según datos de la ONU, en los últimos años, el número de personas en situación de vulnerabilidad en las zonas fronterizas ha aumentado un 30%, lo que refleja la complejidad del problema y la necesidad de un enfoque más integral. La falta de apoyo a los migrantes en procesos de asilo y protección ha sido señalada como un punto crítico en la política migratoria actual.
El análisis de los efectos de estas medidas ha mostrado que, aunque el gobierno ha logrado reducir el número de ingresos ilegales en un 20% en los últimos 6 meses, el impacto en las comunidades locales ha sido negativo. Muchos migrantes han sido exp