El régimen de inocencia fiscal, aprobado recientemente, busca redefinir el acceso a los ahorros informales en el contexto de la crisis económica. Este cambio ha generado debates en el ámbito económico y político, con especial atención a cómo afectará a las personas que mantienen fondos en dólares fuera del sistema financiero tradicional. Según datos de la Secretaría de Hacienda, el 28% de las personas en Argentina tienen ahorros en moneda extranjera no registrados en su cuenta bancaria, lo que representa un volumen estimado de 2.500 millones de dólares en ahorros informales.
La reglamentación de la inocencia fiscal se centra en la simplificación de la declaración jurada para las personas humanas y sus sucesiones indivisas inscriptas en el impuesto a las ganancias. Entre sus principales cambios, se destaca la reducción del plazo de prescripción para reclamos del fisco de cinco a tres años, lo que implica que las personas pueden presentar reclamos por prescripción más rápido. Este ajuste es clave para aquellos que han acumulado ahorros en dólares en cuentas no formales, ya que permite una mayor flexibilidad en el proceso de regularización.
El economista Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, destacó que el principal objetivo de la medida es facilitar el acceso a los fondos informales. “Es crucial que el Estado no solo permita, sino que ayude a que las personas vuelvan a disponer de sus ahorros”, explicó. Según su análisis, el 60% de las personas que tienen ahorros en dólares no registrados en cuentas formales no podrían acceder a servicios financieros tradicionales debido a la falta de documentación.
La implementación del régimen de inocencia fiscal también incluye nuevos incentivos para regularizar fondos. Por ejemplo, la creación de un sistema de “dólares del colchón” que permite a las personas mantener sus ahorros en dólares fuera del sistema financiero, pero con una garantía de que podrán ser recuperados si el Estado decide no seguir con la regulación. Este sistema ha sido objeto de críticas por su potencial para ser utilizado en casos de fraude, aunque los expertos afirman que su propósito es ayudar a las personas que necesitan mantener sus ahorros en dólares por razones económicas o por falta de acceso a servicios bancarios tradicionales.
El Ministerio de Hacienda ha señalado que la regulación busca minimizar la desconfianza en el sistema financiero, especialmente en zonas rurales y en áreas con pobreza extrema. Según un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, el 35% de las personas en zonas rurales no tienen acceso a servicios financieros tradicionales, lo que dificulta su capacidad para realizar transacciones cotidianas.
Para los monotributistas, el nuevo régimen implica cambios en la forma de calcular sus ahorros. Los monotributistas, quienes reciben beneficios sociales por medio de una estructura de ahorro, podrían ver una reducción en las exigencias para mantener sus ahorros en dólares. Esto es relevante porque muchos de ellos han acumulado ahorros en dólares fuera del sistema financiero tradicional, y la nueva regulación busca facilitar su