La causa Vialidad, que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, ha escalado a un punto crítico con fuertes presiones sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sectores políticos y mediáticos exigen una pronta resolución que podría implicar la proscripción de CFK para ocupar cargos públicos.
¿Qué hay detrás de la presión sobre la Corte?
Desde que Cristina Fernández anunció su posible candidatura, la presión sobre los magistrados se intensificó. Se busca que la Corte confirme la condena a 6 años de prisión impuesta en la Causa Vialidad, inhabilitándola políticamente antes del 19 de julio. Esta situación ha generado un debate sobre la independencia judicial y la injerencia política en los procesos legales.
Irregularidades denunciadas por la defensa de CFK
La defensa de Cristina Kirchner, liderada por los abogados Carlos Beraldi y Ari LLernovoy, presentó un recurso ante la Corte señalando diversas irregularidades en el proceso, entre ellas:
- Parcialidad de los jueces y fiscales, evidenciada en su relación con el expresidente Mauricio Macri.
- Falta de pericias iniciales que sustentaran la acusación de sobreprecios y obras no construidas.
- Auditorías contradictorias realizadas durante el gobierno de Macri que no corroboraron las acusaciones.
¿Qué dice la cronología de la Causa Vialidad?
La cronología de la causa revela un proceso plagado de controversias desde su inicio con la denuncia de Elisa Carrió por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz a Lázaro Báez. La reactivación de la causa durante el gobierno de Mauricio Macri, con una nueva denuncia de Javier Iguacel, añadió más tensión al caso.
El periodista Carlos Campolongo, en una entrevista, reflexionó sobre el impacto institucional del caso y la legitimidad democrática del accionar judicial. Expresó preocupación por la erosión de la credibilidad en la justicia y su efecto en la participación electoral.
La decisión de la Corte Suprema es crucial y podría tener un impacto significativo en el panorama político argentino. La confirmación de la condena implicaría la inhabilitación política de Cristina Kirchner, mientras que la aceptación del recurso de la defensa abriría un proceso que podría demorar meses.