La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictaminado que el Estado provincial deberá asumir los costos legales incurridos por Cecilia Goyeneche, la exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción que fue destituida de manera irregular en 2022. Esta decisión abarca las tasas judiciales, los gastos de notificación y otros desembolsos asociados al proceso legal, así como los honorarios de sus abogados.
Si bien los montos exactos aún no han sido determinados, se resolverán en una instancia posterior. La resolución se emitió en el marco del proceso que anuló la remoción de Goyeneche, quien lideró investigaciones significativas contra el ex gobernador Sergio Urribarri, condenado en 2022 por corrupción.
En diciembre de 2024, el máximo tribunal ya había fallado a favor de Goyeneche, declarando nula la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento provincial que la destituyó en 2022. Esta remoción se produjo después de que Goyeneche impulsara la investigación contra Urribarri. Sin embargo, la decisión inicial no abordó la cuestión de las costas judiciales, lo que llevó a la exfuncionaria a presentar una solicitud para que se resolvieran estos gastos.
La resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se basa en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que las costas deben ser asumidas por la parte perdedora, a menos que existan razones justificadas para lo contrario, situación que no se presenta en este caso. Por lo tanto, el Estado de Entre Ríos deberá cubrir todos los gastos derivados del extenso proceso legal.
El tribunal ha dispuesto que el Estado, como parte vencida, pague las costas generadas, beneficiando a los abogados que representaron a Goyeneche: Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla. Además, se ha ordenado la devolución del depósito judicial realizado en la sentencia de diciembre pasado.
Implicaciones del Fallo
Esta decisión de la Corte Suprema sienta un precedente importante en materia de responsabilidad del Estado en procesos judiciales y la protección de funcionarios que denuncian actos de corrupción. La orden de pagar las costas a Goyeneche subraya la importancia de garantizar la independencia judicial y proteger a aquellos que luchan contra la corrupción desde el ámbito público.